Olas de ataques coordinados, que van desde complejos hackeos y campañas de phishing hasta agresivas campañas de odio y amenazas de bomba, han puesto en jaque la labor informativa de RTVC y de todo aquel que se manifieste en contra de las políticas de la derecha.
Desde las directivas de la entidad, la denuncia es clara: se trata de una ofensiva con un marcado trasfondo político, diseñada para socavar la misión de RTVC de informar con pluralidad y veracidad en un momento crucial para el país.
El más reciente atque contra RCTV fue recibido por su equipo de corresponsales en la ciudad de Bucaramanga, durante la mal llamada “marcha del silencio”, cuando un grupo de manifestantes arremetió contra los periodistas con empujones, golpes y groserías que impidieron la labor de la prensa en ese punto de la movilización.
Estas agresiones no son un hecho aislado, sino que se inscriben en un contexto de ataques sistemáticos en contra de los medios estatales en los que también son víctimas personas que por su reconocimiento en redes sociales son llamados bodegas, que tienen en común mostrar información de varios lados y con un punto de vista diferente al que imponen los medios como Caracol, RCN, Infobae, El Colombiano y otros.
Los ataques, tanto desde el ámbito digital como a través de intimidaciones directas, sugieren una estrategia multifacética cuyo objetivo parece ser claro: desestabilizar la operación del sistema, sembrar la desconfianza en sus contenidos y, en última instancia, silenciar una voz que busca la objetividad en medio del ruido y la polarización.
La situación que atraviesa RTVC no solo es una prueba de fuego para su seguridad digital y resiliencia interna, sino que lanza un interrogante directo al Estado colombiano. La protección del periodismo público no es un asunto menor; es un pilar fundamental de cualquier democracia sana.
Garantizar que un medio como RTVC pueda operar con independencia, libre de presiones indebidas y sin temor a represalias, es esencial para la salud informativa del país y para el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Los ataques contra un medio público son, en esencia, ataques directos a la libertad de prensa y al acceso democrático a la información.
Ante la gravedad de los hechos denunciados por RTVC, la ausencia de un pronunciamiento contundente por parte de la FLIP genera interrogantes. Tradicionalmente, la Fundación ha sido una de las primeras entidades en alzar su voz y exigir garantías ante cualquier amenaza o agresión contra periodistas o medios en el país. Su silencio en este caso particular, donde un sistema de medios públicos es objeto de lo que parece ser una campaña sistemática, contrasta fuertemente con su acostumbrada proactividad.
La protección del periodismo público no es solo una cuestión de seguridad digital o de presupuesto; es un pilar fundamental de la democracia. Garantizar que un medio como RTVC pueda operar con independencia, sin presiones indebidas ni temor a represalias, es esencial para el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y a acceder a diferentes perspectivas. Los ataques contra RTVC son, en esencia, ataques directos a la libertad de prensa y al acceso democrático a la información de todos los colombianos.
