La Procuraduría General de la Nación, abrió una investigación preliminar por cobros ilegales a contratistas. Aunque la indagación era contra “funcionarios por determinar”, las denuncias públicas han comenzado a poner nombre y apellido a quienes, estarían exigiendo porcentajes de los pagos mensuales a los contratistas.
Las alarmas se encendieron con la denuncia de la concejala Ana Erazo, quien señaló directamente a la Dirección de Contratación Pública de Cali, encabezada por Ana María Martínez, como el epicentro de estas irregularidades. Según Erazo, la entidad estaría exigiendo hasta el 40 por ciento del sueldo a los contratistas para mantener sus puestos.
Más allá de la dirección, la concejala, citando testimonios, mencionó a Amparo Ramos Acevedo, Carlos Alberto Montes de Oca y Manuel Fernández como los individuos que presuntamente estarían realizando estos cobros. Esta situación no solo implica una grave violación ética, sino también un posible delito que afectaría el erario público y la confianza en la gestión de la Alcaldía.
Estos señalamientos no son aislados. Se suman a otros casos recientes que han puesto a Cali bajo la lupa por corrupción. Uno de los más sonados fue la presunta red en la Secretaría de Movilidad que habría exonerado ilegalmente más de 50.000 multas de tránsito, un desfalco millonario para el municipio.
Asimismo, se investigan cobros ilegales en la asignación de excepciones al pico y placa, con denuncias sobre usurpación de identidad y permisos fraudulentos. La acumulación de estos escándalos genera una profunda preocupación sobre las redes de corrupción que parecen operar impunemente en la capital vallecaucana.
