El Registrador Nacional, Hernán Penagos, ha metido al país en un nuevo embrollo al negarse a convocar de inmediato la Consulta Popular que el presidente Gustavo Petro quiere. Esta decisión de esperar el concepto de las altas cortes es un acto de desobediencia grave y hasta un posible “prevaricato”.
Esta decisión de Penagos escondería un claro tinte político. No es solo un tema de fechas o procesos; es un acto que bloquea directamente una iniciativa del Ejecutivo. El presidente Petro ha subido la apuesta, amenazando con una Asamblea Constituyente si no avanza la consulta, y ha acusado a funcionarios de “vaciar de poder” su presidencia.
Al final, la decisión de Hernán Penagos es un tropiezo para la Consulta Popular, que se ha convertido en un símbolo de las tensiones y resistencias que el actual gobierno enfrenta en Colombia. Su cautela, que para algunos es un deber legal, para otros es una clara estrategia para dilatar y, quizás, hundir la consulta.
Este pulso entre el Presidente y el Registrador nos obliga a preguntarnos si la legalidad se está usando como excusa para frenar la participación ciudadana o si, por el contrario, es una garantía necesaria para evitar decisiones apresuradas que podrían afectar la solidez de nuestra democracia.
