El presidente Gustavo Petro hizo una fuerte denuncia en torno a los posibles montajes políticos que se estarían gestando por parte de algunos militares en retiro, que fueron sacados por su gobierno en medio de múltiples cuestionamientos por violaciones a derechos humanos y corrupción. Ocultamiento de información, visitas a presos sin presencia de abogados y reuniones clandestinas son algunas de las irregularidades. Según el presidente Petro por lo menos tres ex generales habrían participado en una operación de desprestigio que vincula también a fiscales de Medellín, según el, controlados por Federico Gutiérrez, que priorizan la política por encima de la investigación de los delitos. En el caso estaría involucrada una fiscal de Medellín, encargada de la investigación por el material incautado en un operativo contra el comandante de las disidencias, conocido como “calarcá”, está fiscal ocultó la información y solamente se la entregó al periodista Ricardo Calderón de noticias caracol, para generar un escándalo que incluyó presiones a una persona detenida. El presidente denunció que un detenido, pero no en la operación contra “Calarcá” habría firmado una carta en la que pretende vincular al general Huertas y al director de la dirección nacional de inteligencia Wilmer Mejía. “El mismo periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la cárcel Sijin yendo a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso. Eso ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. Ese preso se llama Jader Montoya Yepes y le dicen “Primo Carro” La denuncia incluye visitas no autorizadas a prisiones reuniones clandestinas entre generales y un candidato presidencial y uso de información que debería estar integrada a las investigaciones pero de la que se habría perdido hasta la cadena de custodia por la actuación ilegítima de la fiscalía en Medellín.

Tras el primer día del juicio en contra de Daniel Quintero, se conoció que desde los últimos días de la Alcaldía de Federico Gutiérrez se está fraguando un “cartel de los lotes” que incluiría el famoso lote de Aguas Vivas en que se habría incurrido en varios delitos y que fue firmado 24 horas antes de entregar la alcaldía por parte de Gutiérrez a Quintero. Y justamente la denuncia comenzó con las pruebas de que el contrato de adquisición del lote privado fue firmado durante los últimos días de la Alcaldía de Federico Gutiérrez, más concretamente 24 horas antes de entregar el cargo, sin embargo, la fiscalía, afín a la derecha, desconoce ese primer contrato y se centra en la devolución que tuvo que hacer Quintero tras encontrar serias irregularidades. Un segundo elemento es que independientemente de la decisión que se tomara desde la administración de Medellín, el lote volvería a manos privadas. El meollo del asunto es que el ente investigador pretende culpar a Quintero por no haber cobrado la sanción de la transacción fraudulenta y no encuentra responsabilidad en quien firmó el contrato que fue Gutiérrez. Un tercer asunto es que la sanción que pretende imponer la fiscalía no existe en ninguna cláusula del contrato a pesar de ser el argumento central de la acusación, que en caso de resultar inocua confirmaría que se trata de un proceso mediático de persecución y sin verdadero fundamento legal. Lea también: 9 mafias internacionales trabajan desde Medellín