La credibilidad de las Veedurías en Antioquia y Medellín en entredicho pues una exdirectora ahora hace parte del gobierno regional
Se trata de un contrato firmado por el rector que no habría cumplido los requisitos legales y habría costado más de lo presupuestado
La Agencia Nacional de Tierras informó que el predio “El Laguito II” fue entregado a familias campesinas, pues se trataba de un lote baldío que fue anexado, ilegalmente a la famosa hacienda “El Ubérrimo” por parte de sus propietarios, es decir, el ex congresista y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe. El pleito jurídico comenzó en 2028 cuando los dueños del Ubérrimo quisieron que el Estado les entregara en propiedad el predio de 83.400 metros, alegando que desde hace muchos años lo estaban usufructuando. En ese momento un Juez de la República reconoció que el predio era baldío y le pidió a la ANT la definición para que entrase en el inventario y fuera entregado a campesinos sin tierra pero sin ningún tipo de compensación al Estado por el uso irregular de la tierra. “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos, y que hoy regresan a las manos campesinas, que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”, señaló Lilia María Rodríguez, subdirectora de acceso a tierras de la ANT. Esta semana la Agencia de Tierras le hizo entrega provisional a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, de Córdoba, quienes empezaron a aprovecharlo en el cultivo de arroz, plátano y yuca en el predio que ya les pertenece de forma legal y a través del cual podrán acceder a créditos y proyectos productivos. Lea también: No quiso financiar la universidad pública pero si está dispuesto a pagar 100 millones en una cacería de brujas
En lugar de financiar la educación, Andrés Julián Rendón ofreció una recompensa por los supuestos actos de vandalismo al interior del Politécnico Jaime Isaza Cadavid
El exministro Álvaro Leyva Durán fue imputado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo por parte de la Fiscalía que encontró que Leyva pretendió asignar de manera directa la licitación por la elaboración de los pasaportes de ciudadanos colombianos, misma situación que motivó su salida del gobierno y que como venganza generó las denuncias falsas del exministro sobre el presidente Gustavo Petro y el intento de golpe de Estado. Según la fiscalía hubo por lo menos tres resoluciones del ministerio de relaciones exteriores, cuando Leiva era el encargado de la cartera, que habrían negado los derechos de los colombianos a acceder a un documento que es público y necesario para su libre movilización a nivel mundial, además la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia encontró que el ex ministro no quiso subsanar los problemas que se presentaron en la licitación para declararla desierta. “Inicialmente, el comité evaluador recomendó entregar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió los requerimientos exigidos. En ese sentido, se citó para la adjudicación pública; pero, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán expidió la Resolución 7485 por medio de la cual declaró desierta la licitación con el argumento de que se presentó un solo oferente.” aseguró la Fiscalía en su comunicado Con esta imputación se demuestra que su salida del gobierno fue justificada que las cartas en las que pretendía un golpe de estado contra el presidente si fueron una venganza tras haber perdido la licitación en la que presuntamente estaría ganando una fuerte coima con la empresa a la que pretendía asignarle el contrato. Lea también: Magistrados del CNE tuvieron lujosa celebración después de sancionar al Pacto Histórico
El presidente Gustavo Petro hizo una fuerte denuncia en torno a los posibles montajes políticos que se estarían gestando por parte de algunos militares en retiro, que fueron sacados por su gobierno en medio de múltiples cuestionamientos por violaciones a derechos humanos y corrupción. Ocultamiento de información, visitas a presos sin presencia de abogados y reuniones clandestinas son algunas de las irregularidades. Según el presidente Petro por lo menos tres ex generales habrían participado en una operación de desprestigio que vincula también a fiscales de Medellín, según el, controlados por Federico Gutiérrez, que priorizan la política por encima de la investigación de los delitos. En el caso estaría involucrada una fiscal de Medellín, encargada de la investigación por el material incautado en un operativo contra el comandante de las disidencias, conocido como “calarcá”, está fiscal ocultó la información y solamente se la entregó al periodista Ricardo Calderón de noticias caracol, para generar un escándalo que incluyó presiones a una persona detenida. El presidente denunció que un detenido, pero no en la operación contra “Calarcá” habría firmado una carta en la que pretende vincular al general Huertas y al director de la dirección nacional de inteligencia Wilmer Mejía. “El mismo periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la cárcel Sijin yendo a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso. Eso ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. Ese preso se llama Jader Montoya Yepes y le dicen “Primo Carro” La denuncia incluye visitas no autorizadas a prisiones reuniones clandestinas entre generales y un candidato presidencial y uso de información que debería estar integrada a las investigaciones pero de la que se habría perdido hasta la cadena de custodia por la actuación ilegítima de la fiscalía en Medellín.
En Antioquia y Medellín estarían operando ex militares que trabajarían para la oposición según denuncia del Presidente Petro
Un fuerte escándalo sacude al Consejo Nacional Electoral (CNE) tras conocerse la realización de una lujosa fiesta con Isla privada y en un yate, celebrada justo después de anunciarse la sanción contra el Pacto Histórico por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022. El evento incluyó licor, música y celebración hasta altas horas de la noche, lo que ha despertado preocupaciones sobre la posible influencia de intereses privados y la falta de neutralidad en una decisión que, según analistas, debía mantenerse al margen de cualquier acto social o político. Las imágenes divulgadas por la Veeduría Ciudadana Nacional muestran al menos a seis magistrados y a un conjuez descendiendo de la embarcación que los condujo a Cartagena después de celebrar en una isla privada. Entre los asistentes se identifican a los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Prada, Cristian Quiroz, Alfonso Ocampo, Maritza Martínez y Altus Baquero, además del conjuez Majer Nayi Abushihab, quien ha sido una de las figuras más polémicas del caso. Abushihab, fue el abogado que en mayo de 2022 como abogado de la campaña de Federico Gutiérrez, presentó una denuncia penal ante Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, en junio del mismo año se amplió esa denuncia, nuevamente consignada ante la Corte Suprema. Abushihab, abogado de confianza de Federico Gutiérrez en diversos procesos, fue designado como conjuez apenas 15 días antes de emitir su voto en la sanción contra el Pacto Histórico. Su rápida participación contrasta con los más de dos años que el CNE tardó en avanzar hacia una decisión, circunstancia que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la transparencia del proceso. Su presencia en la fiesta ha reforzado las críticas, dado el rol determinante que tuvo su voto en el fallo. Oposición controla un tribunal que puede sancionar a su contendor La resolución del CNE impone sanciones al Pacto Histórico por presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022 y por supuestas donaciones irregulares provenientes de la Unión Patriótica, Colombia Humana y FECODE. Según la información oficial, dichas contribuciones no fueron a la campaña sino a la coalición, lo cual es una práctica regular en los paridos políticos y no implicaría irregularidad alguna. Sin embargo, la presencia de Álvaro Hernán Prada y Majer Abushijab (abogado de Gutiérrez) habría sido determinante para inclinar la balanza hacia una decisión que no se ajusta al derecho y que debería haber sido tomada por magistrados realmente independientes y no integrantes de la oposición al gobierno. Lea también: El “error” de 8.000 millones en vigencias futuras que aprobó el Concejo a Federico Gutiérrez
Tras el primer día del juicio en contra de Daniel Quintero, se conoció que desde los últimos días de la Alcaldía de Federico Gutiérrez se está fraguando un “cartel de los lotes” que incluiría el famoso lote de Aguas Vivas en que se habría incurrido en varios delitos y que fue firmado 24 horas antes de entregar la alcaldía por parte de Gutiérrez a Quintero. Y justamente la denuncia comenzó con las pruebas de que el contrato de adquisición del lote privado fue firmado durante los últimos días de la Alcaldía de Federico Gutiérrez, más concretamente 24 horas antes de entregar el cargo, sin embargo, la fiscalía, afín a la derecha, desconoce ese primer contrato y se centra en la devolución que tuvo que hacer Quintero tras encontrar serias irregularidades. Un segundo elemento es que independientemente de la decisión que se tomara desde la administración de Medellín, el lote volvería a manos privadas. El meollo del asunto es que el ente investigador pretende culpar a Quintero por no haber cobrado la sanción de la transacción fraudulenta y no encuentra responsabilidad en quien firmó el contrato que fue Gutiérrez. Un tercer asunto es que la sanción que pretende imponer la fiscalía no existe en ninguna cláusula del contrato a pesar de ser el argumento central de la acusación, que en caso de resultar inocua confirmaría que se trata de un proceso mediático de persecución y sin verdadero fundamento legal. Lea también: 9 mafias internacionales trabajan desde Medellín
Este viernes se conoció que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero denunció un plan incriminatorio que Abelardo Delaespriella fraguó desde hace varios años para vincularlo con algunos delitos y permitir que se limpiara el camino para que Federico Gutiérrez pudiera llegar más fácil a la Alcaldía de Medellín bajo la consigna de “recuperar” la ciudad tras la estruendosa derrota en las elecciones presidenciales. El plan incluyó a narcos y testaferros internacionales. Según Quintero uno de los nombres implicados en el caso es Gustavo Pérez, empresario ligado a varios negocios con DelaEspriella, y que fue judicializado por el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarra, conocida como “la monita retrechera” y quien además tiene negocios en restaurantes de lujo con Sinthya Certain, primera esposa de Alex Saab señalado de ser el testaferro del Cartel de los Soles. En la denuncia de Quintero se resalta que los hermanos Pérez (Carlos y Gustavo), quienes fueron condenados por narcotráfico en 2007 sostienen una relación comercial y de amistad con el Abelardo DelaEspriella, relación que se mantiene hasta hoy, y precisamente Gustavo Pérez habría sido usado como testigo para hacer una denuncia en la que responsabilizan a Quintero de haber recibido una coima de 8 millones de dólares por nombrar al gerente de AFINIA, una de las más grandes filiales de EPM. Llama la atención que la denuncia de Quintero coincide con las fechas de encuentros con Federico Gutiérrez, las fechas de campaña y hasta las estrategias políticas utilizadas por el candidato de la extrema derecha, coincidencias que la justicia tendrá que determinar. Lea también: ¿Antioquia y Medellín se están convirtiendo en “pequeñas dictaduras”?
