Un fuerte llamado de atención se sintió en las redes sociales cuando el Presidente Gustavo Petro le recordó al general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia que es un funcionario público que debe respetar el orden constitucional y no debe participar en política.
Martínez Guzmán posteó una serie de fotografías que pretenden desprestigiar al recién anunciado precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y en las que se ve al lado de jefes de las FARC y que fueron tomadas en sus múltiples apoyos a los procesos de paz que se han adelantado en Colombia.
Estas fotografías han sido difundidas por el Centro Democrático y los señores Tomás Uribe y Jerónimo Uribe como parte de su campaña electoral que se ha caracterizado por intentar el aniquilamiento moral de sus contendores en todos los escenarios.
“Usted señor es un funcionario público del gobernador de Antioquia. Le solicito abstenerse de hacer política dañina. El que muestra ahí le fue asesinado su padre, senador de la república, y la. gestión de su hijo fue conseguir la paz para que no hubiera más muerte en este país. Usted estuvo bajo mis órdenes, compórtese como un oficial de Bolívar.”
A este llamado de atención siguió la denuncia formal del Representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, que se ha convertido en una de las pocas voces de políticos que hace oposición al nicho más fuerte de la derecha en el país. El Representante aseguró que instauró la denuncia ante los organismos competentes y recordó quela estrategia de la derecha de Antioquia siempre ha sido la de atacar a sus contendores en lugar de gobernar.
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General R Martínez tiene deudas con la justicia
Martínez fue retirado de la Policía en 2016 por los señalamientos que hicieron en su contra. El general (r) Mauricio Santoyo y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, lo señalaron por tener nexos con grupos criminales asociados al cartel de Medellín y a la Oficina de Envigado.
Otra de las acusaciones fue que Martínez estaría entregado información a los delincuentes en torno a las operaciones de la policía. ““recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades, por la información que él proporcionaba a las organizaciones de tráfico de drogas, respecto a las actividades operativas propias de la Policía”, según el documento los hechos ocurrían entre 2003 y 2010.
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