La operación de compra de un software ilegal para servicio personal del gobernador de Antioquia está cobrando dimensiones significativas por el costo de los dispositivos y la clandestinidad, ilegalidad e ilegitimidad que rodean esta operación para espiar a la oposición a la derecha desde Antioquia.
Nuevamente la Revista Raya y Señal Investigativa hicieron importantes revelaciones sobre los detalles y las gestiones que están haciendo desde la Gobernación de Antioquia y su Secretaría de Seguridad para interceptar llamadas y mensajes de aplicaciones desde esa oficina y con fines, no de seguridad, sino políticos.
Se trata del aparato Sting Ray que podría costar entre 150.000 y 200.000 dólares, unos 800.000.000 millones de pesos, según varias publicaciones de revistas y blogueros especializados en el tema. La compra la estarían haciendo funcionarios de la Fiscalía de Antioquia por órdenes de Martínez Guzmán y con dineros de los contribuyentes antioqueños.
La investigación periodística tiene como fuente a dos funcionarios de la Fiscalía que delataron a por lo menos 4 fiscales que, desde el mes de Junio, estarían haciendo las pruebas de los aparatos en el oriente antioqueño, es decir, la misma región que es controlada por la familia Uribe.
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