En Medellín, la realidad de las mujeres que buscan acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sigue siendo alarmante: más del 60% de las tutelas presentadas para solicitar este derecho han sido rechazadas por los jueces en primera instancia, según un reciente estudio publicado en El País realizado por Juliana Londoño Vélez y Estefanía Saravia.
Esto a pesar de que, desde 2022, el acceso a la IVE en Colombia no requiere de tutela gracias a la histórica sentencia de la Corte Constitucional que eliminó las barreras judiciales al aborto. Lo más preocupante es que la Alcaldía de Medellín, encabezada por Federico Gutiérrez, no ha asumido una postura pública frente a esta problemática que afecta la salud y la dignidad de las mujeres de la ciudad.
Los derechos de las mujeres no cuentan para las autoridades locales
El silencio institucional es aún más desconcertante si se tiene en cuenta que las mujeres que ven truncado su derecho a abortar enfrentan un riesgo de muerte 161% mayor en los siguientes nueve meses, además de un incremento del 47% en la probabilidad de caer en pobreza, un aumento del 62% en enfermedades crónicas y una reducción del 63% en su participación en el mercado laboral, estos datos provienen de una amplia investigación presentada por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en la Universidad de los Andes y publicado en El País el 19 de mayo de 2025.
La falta de pronunciamiento oficial de la administración municipal sobre este tema deja un vacío que impacta directamente en la equidad de género y los derechos humanos. La administración local no ha sido diligente con las mujeres y sus derechos.
