En las recientes interceptaciones que realizó la Fiscalía a Andrés Julián Rendón, esa entidad logró obtener grabaciones y conversaciones que evidencian que el actual gobernador de Antioquia si cometió sendos delitos relacionados con la pérdida de más de 2.000 millones de pesos en dos CAI construidos en Rionegro mientras fue alcalde de ese municipio.
Peculado por apropiación y celebración indebida de contratos en la “construcción” de dos CAI que no fueron recibidos por la Policía porque la institución no fue consultada y no se sabía si tenían personal para dotar los Centros y que le costaron al municipio casi 2.000 millones de pesos.
Otro de los hechos sospechosos de corrupción es que el terreno en el que se construyó uno de los CAI había sido valorado en 700 millones de pesos, pero Rendón pagó 1.600 millones de pesos.
El detrimento patrimonial fue de 433 millones el CAI de Cuatro Esquinas, y en el de San Antonio 686 millones. Además la Contraloría definió que no se cumplieron los estudios ni en la compra de los lotes ni en la construcción.
Por su parte la Policía aseguró que los CAI no fueron recibidos y la entidad no fue consultada para inciar la construcción que en 2025 siguen sin estar en funcionamiento.
Los interceptados y posibles cómplices de los delitos de Rendón
La empresa clave en este delito sería EDESO, que fue la encargada de la construcción de uno de los CAI. Carlos Andrés Gómez Franco es el primer interceptado. De la empresa pasó a ser Secretario de Desarrollo Territorial de Rionegro con el anterior gerente de EDESO, Rodrigo Hernández Alzate. Alzate en Enero fue nombrado como gerente general de VIVA, el instituto de vivienda de Antioquia.
Desde el 14 de Mayo fueron interceptados Hernán Darío Álvarez Suárez y Carlos Enrique Lopera Naranjo, este último dio el visto bueno para liquidar obra de 2019. Desde el 27 de mayo de 2025 fue interceptada Marta Patricia Correa Taborda, quien firmó el contrato del CAI de San Antonio de Pereira y es actualmente Secretaria General de la Gobernación de Rendón.
Duberney Pérez, Carlos Morales también fueron interceptados porque pertenecían a SIGES, empresa subcontratada por EDESO para las construcciones de los CAI, que finalmente no fueron puestos en funcionamiento y causaron un detrimento por 1.269 millones de pesos.
Se filtraron las interceptaciones
Las sospechas de la Fiscalía partieron desde el 3 de Junio, pues ese día el abogado de Rendón, Luis Gabriel Chaves envió un oficio para que Rendón fuera citado a cualquier indagatoria, desde ese momento los interceptados dejaron de hablar sobre los temas. Veinte días después la Fiscalía decidió cesar las interceptaciones.
Así como la sobretasa a la seguridad, los CAI supuestamente iban a mejorar la seguridad ciudadana, cosa que no se hizo, así como no se está mejorando la seguridad en Antioquia.
Ambos CAI siguen sin funcionar y al momento de la visita de los periodistas había un solo policía.
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Fuente Señal Investigativa
