Medellín, 17 de junio de 2025. Un estruendo en la madrugada ha sacudido la aparente calma de la ciudad, desnudando una cruda realidad: la seguridad en Medellín, bajo la administración de Federico Gutiérrez, sigue siendo un desafío persistente y, en algunos frentes, en preocupante deterioro.
La detonación de un artefacto explosivo contra una torre de transmisión de energía en el sector de La Asomadera, un punto neurálgico en el oriente de la ciudad, es un acto vandálico, un mensaje de los grupos criminales, una bofetada a las promesas de contundencia y un recordatorio de que el discurso y la pauta de comunicación no son la única acción contra la inseguridad.
Este ataque no es un incidente aislado, sino un eslabón más en una cadena de hechos violentos que evidencian la incapacidad de la administración local para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. Más allá de las declaraciones enérgicas, la ciudad requiere resultados tangibles. La recurrencia de hurtos, extorsiones y ahora ataques a la infraestructura crítica, sugiere que las estrategias implementadas no están logrando desarticular de raíz las estructuras criminales ni prevenir actos de alto impacto.
La seguridad ciudadana es un deber primario de la autoridad local, y los habitantes de la ciudad esperan soluciones concretas, no solo el señalamiento de terceros. La retórica de la “mano dura” y la criminalización constante de ciertos sectores, sin ir acompañada de una inteligencia robusta y una acción coordinada efectiva en el terreno, corre el riesgo de convertirse en un discurso vacío que no disuade a los delincuentes ni tranquiliza a la ciudadanía.
Medellín, una ciudad que ha luchado por dejar atrás un pasado de violencia, no puede permitirse que la infraestructura esencial sea blanco fácil de ataques que, además de generar zozobra, tienen el potencial de paralizar servicios básicos. La explosión en La Asomadera es un llamado de atención urgente: la seguridad de la ciudad necesita más que consejos de seguridad y discursos combativos. Exige una revisión profunda de las estrategias, una coordinación efectiva con todas las fuerzas de seguridad y, sobre todo, una autocrítica sobre las fallas que permiten que el crimen siga ganando terreno en el corazón del Valle de Aburrá.
