Posible fraude en la Lotería de Medellín: Esposa de Subgerente Gana Premio Mayor y Desata Indignación

Un escándalo de proporciones ha sacudido a la Lotería de Medellín con la revelación de que la esposa del subgerente, Rubén Callejas, fue la afortunada ganadora del premio mayor de 16.000 millones de pesos del sorteo 4788, realizado el pasado 20 de junio de 2025. Esta coincidencia, que para muchos es demasiado “oportuna”, ha desatado una ola de indignación y sospechas de fraude, llevando a Callejas a presentar su renuncia inmediata y provocando una investigación formal por parte de la Procuraduría General de la Nación.

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Rubén Callejas, exdiputado de Antioquia (Partido Liberal) y una figura política con cercanía a la administración del gobernador Andrés Julián Rendón (Centro Democrático) y, por ende, indirectamente vinculada a la esfera política del alcalde Federico Gutiérrez, se encontraba en un cargo de confianza en la Lotería de Medellín. La noticia de que su esposa, Luisa Jaramillo, obtuvo el premio gordo ha generado un clamor popular por transparencia y justicia. La Procuraduría, bajo la dirección de Gregorio Eljach, ordenó la apertura de una indagación preliminar para esclarecer posibles irregularidades, incluyendo la posibilidad de fraude en el sorteo. Incluso el presidente Gustavo Petro se sumó al coro de voces que exigen respuestas claras de los órganos de control.

La Lotería de Medellín, por su parte, ha informado que ha iniciado una auditoría forense externa sobre el boleto ganador para verificar la legalidad del sorteo, buscando disipar las dudas que recaen sobre la entidad. Sin embargo, el daño a la imagen de la lotería y la percepción pública de un posible favorecimiento son inmensos. La renuncia de Callejas, apenas horas después de que estallara el escándalo, es una señal de la gravedad de la situación y la presión social y política que se ha generado. Este incidente no solo pone en tela de juicio la integridad de un sorteo público, sino que también subraya la necesidad de blindar este tipo de procesos para garantizar la total transparencia y evitar que la confianza ciudadana se vea erosionada por sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

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