Casi toda la defensa de Uribe, el Consejo de Medellín y todo el Centro Democrático, incluyendo a los medios de comunicación, se ha centrado en atacar a la juez y alegar una presunta ilegalidad en la recopilación probatoria. Nunca se centran en tratan de desestimar las pruebas.
El principal argumento ha sido una presunta ilegalidad en las interceptaciones telefónicas, lo que no publicitan es que la propia Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá ya impartieron legalidad a esas interceptaciones, pues se trata del descubrimiento flagrante de un delito.
Tribunal Superior de Bogotá y Corte Suprema de Justicia ya impartieron legalidad a interceptaciones
La otra defensa que pretenden implantar a fuerza de repetición es que se trata de un juicio político en el que estaría implicado el presidente Petro y las FARC, un discurso ya bastante trillado y fuera de todo contexto temporal.
El uribismo en esto tampoco recuerda que este juicio fue provocado por el mismo Uribe al denunciar, falsamente, a Iván Cepeda por una presunta compra de testigos y un “cartel” en 2014 luego del debate realizado por el Senador del Pacto Histórico.
Amenazas a la juez ameritan acompañamiento internacional a decisión en la apelación
Las amenazas por parte de Nicolás Jurado, ex paramilitar que, sacando provecho al perfilamiento de la revista semana, aseguró que “sabemos en donde vive”, luego una seguidora de Uribe aseguró que la jueza había despertado a un león y que “pobre de ella”.
Estas dos situaciones solamente son el ejemplo de lo que está sucediendo en las redes sociales y el discurso absolutamente incendiario y violento por parte de un uribismo que se ve claramente desesperado.
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