Corrupción

En Medellín hay que pagar para firmar un contrato con la Alcaldía

Una denuncia en redes sociales se hizo viral este fin de semana en Medellín ya que evidencia la corrupción que nadie se atrevía a denunciar por miedo a quedarse sin trabajo y que es tristemente normal en la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Un profesor rompió el silencio y denuncio que le cobran mensualmente por un contrato. La denuncia la hace @medinathebarrio en contra de Alejandro Barrera Gómez quien actúa como coordinador del proyecto de Gestores Educativos de la comuna 7, quién también funge como contratista del ColMayor de Antioquía, quién estaría cobrando $200.000 mensuales por el contrato. “Alejandro Barrera Gómez quién es coordinador del proyecto Gestores Educativos en la comuna 7, contratado por @IUColmayor, me está cobrando $ 200.000 por hacer parte del proyecto, es decir, condicionó mi contratación a este pago mensual.” Llama la atención que estas denuncias no se ven en medios tradicionales de Antioquia y tampoco hay pronunciamientos de las “veedurías” que parecen haber perdido las baterías y el impulso para denunciar este tipo de acciones en la Alcaldía actual, tal vez porque siguen recibiendo millonarias pautas.

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Corrupción

Concejales de Medellín aprobaron privatización y fuga de capital del Metro

Tras un solo debate y con un solo voto de oposición el dinero público de la Empresa Metro se irá para un paraíso fiscal en Islas Bermudas, poniendo en riesgo extremo el cuidado de los recursos públicos de la ciudad. La propuesta fue realizada por el Alcalde Federico Gutiérrez y aún se desconoce las razones, aunque se prevé que, fuera del control del Estado, ese dinero sea difícil de controlar. Vale recordar que el Metro de Medellín es una empresa que fue constituida con el 100% de recursos públicos y es un activo estratégico en la nación, razón por la que este tipo de movimiento representa una fuga de capital nacional como sucede con muchos capitales privados que reposan en paraísos fiscales y no aportan a las finanzas del Estado. Este nueva movida de Federico Gutiérrez es altamente destructiva del patrimonio del Estado y parece obedecer a intereses de privados que controlan la política en Medellín y Antioquia, además existe el riesgo inminente de que el dinero público pase a manos de privados, partidos políticos uy otro tipo de movimientos. Tampoco es sorpresa que los medios de comunicación y los partidos políticos del país, tan proclives a hacer control a sus adversarios políticos o al gobierno, no se hayan pronunciado frente a este hecho de extrema gravedad para el país y para Antioquia, que sigue viendo como el lema de Gutiérrez “Plata es Plata” se sigue haciendo realidad en detrimento del patrimonio de los medellinenses. Lea también: Ex directora de una veeduría afín a la derecha es ahora Secretaria de Educación de Antioquia

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Corrupción

No cuadra la versión del Concejal de Medellín Andrés Rodríguez sobre el asesinato de una persona a manos de su equipo de trabajo

El caso del Concejal de Medellín Andrés Rodríguez y el asesinato de una persona al interior de un establecimiento comercial sigue despertando suspicacias desde todos los sectores políticos y ciudadanos, debido a evidentes inconsistencias en las versiones sobre el asesinato. ¿Quién disparó? ¿El arma es legal? ¿Es un integrante de la UAN de Rodríguez o es un conductor asignado de la UNP? ¿Estaban en estado de alicoramiento? ¿Realmente fue en defensa propia si no se trataba de una agresión directa? Según la versión de Rodríguez, publicada en un video y un comunicado en sus redes sociales, la víctima fue asesinada mientras perpetraba un robo al propietario del establecimiento comercial. Asegura Rodríguez que su conductor reaccionó “en defensa propia” a pesar de que la agresión no era en contra de él o de quienes lo acompañaban, es decir, no fue en defensa propia sino de un tercero. En segundo lugar Rodríguez afirma que el conductor es militar retirado y por ello tiene un arma legal. El problema es que no hay claridad de para quién trabaja el “conductor” y si trabaja para el concejo como conductor o si se trata de la misma persona que habría sido contratada dentro de la UAN, de manera irregular por la oficina de Rodríguez. En este caso el asesinato habría sido por fuera de todo servicio y tendría que acarrear problemas legales serios. En tercer lugar no se entienden los detalles de los hechos, pues Rodríguez asegura que la víctima entró a robar al establecimiento pero que estaba acompañado de su pareja sentimental, lo que reduce las posibilidades de que se tratara de un robo, sin embargo otra versión asegura que una persona lo esperaba afuera del establecimiento en un motocicleta. Por último, el Concejal hace fuertes afirmaciones y señalamientos en contra de la víctima asegurando que fue deportado de Chile y que todos esos “delincuentes” vendrían a parar a Medellín y por eso se tienen que preparar. Una vez más, concluye Rodríguez legitimando al paramilitarismo y justificando su delito y el del integrante de su equipo de trabajo, a pesar de que el Colombia no existe la pena de muerte y la reacción que se espera de un corporado es que actúe de acuerdo a la ley y no por encima de ella. A todo ello, como lo asegura el Diputado Muñoz, hay que sumarle la actitud delincuencial que precede la fama de Rodríguez, lo cual aumenta las dudas sobre un “adecuado proceder”, mas cuando hay otras versiones que señalan que el concejal y su grupo se encontraban en estado de alicoramiento y fuera de si como es natural. Lo único cierto del caso es que hay muchísimas dudas que tendrá que aclarar la justicia y la policía. Lea también: Ex directora de una veeduría afín a la derecha es ahora Secretaria de Educación de Antioquia

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Corrupción

Fiscal ligada ex generales y políticos podría ser acusada de ocultamiento de información y posible montaje

El presidente Gustavo Petro hizo una fuerte denuncia en torno a los posibles montajes políticos que se estarían gestando por parte de algunos militares en retiro, que fueron sacados por su gobierno en medio de múltiples cuestionamientos por violaciones a derechos humanos y corrupción. Ocultamiento de información, visitas a presos sin presencia de abogados y reuniones clandestinas son algunas de las irregularidades. Según el presidente Petro por lo menos tres ex generales habrían participado en una operación de desprestigio que vincula también a fiscales de Medellín, según el, controlados por Federico Gutiérrez, que priorizan la política por encima de la investigación de los delitos. En el caso estaría involucrada una fiscal de Medellín, encargada de la investigación por el material incautado en un operativo contra el comandante de las disidencias, conocido como “calarcá”, está fiscal ocultó la información y solamente se la entregó al periodista Ricardo Calderón de noticias caracol, para generar un escándalo que incluyó presiones a una persona detenida. El presidente denunció que un detenido, pero no en la operación contra “Calarcá” habría firmado una carta en la que pretende vincular al general Huertas y al director de la dirección nacional de inteligencia Wilmer Mejía. “El mismo periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la cárcel Sijin yendo a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso. Eso ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. Ese preso se llama Jader Montoya Yepes y le dicen “Primo Carro” La denuncia incluye visitas no autorizadas a prisiones reuniones clandestinas entre generales y un candidato presidencial y uso de información que debería estar integrada a las investigaciones pero de la que se habría perdido hasta la cadena de custodia por la actuación ilegítima de la fiscalía en Medellín.

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Corrupción

Denuncian “cartel de los lotes” en Medellín

Tras el primer día del juicio en contra de Daniel Quintero, se conoció que desde los últimos días de la Alcaldía de Federico Gutiérrez se está fraguando un “cartel de los lotes” que incluiría el famoso lote de Aguas Vivas en que se habría incurrido en varios delitos y que fue firmado 24 horas antes de entregar la alcaldía por parte de Gutiérrez a Quintero. Y justamente la denuncia comenzó con las pruebas de que el contrato de adquisición del lote privado fue firmado durante los últimos días de la Alcaldía de Federico Gutiérrez, más concretamente 24 horas antes de entregar el cargo, sin embargo, la fiscalía, afín a la derecha, desconoce ese primer contrato y se centra en la devolución que tuvo que hacer Quintero tras encontrar serias irregularidades. Un segundo elemento es que independientemente de la decisión que se tomara desde la administración de Medellín, el lote volvería a manos privadas. El meollo del asunto es que el ente investigador pretende culpar a Quintero por no haber cobrado la sanción de la transacción fraudulenta y no encuentra responsabilidad en quien firmó el contrato que fue Gutiérrez. Un tercer asunto es que la sanción que pretende imponer la fiscalía no existe en ninguna cláusula del contrato a pesar de ser el argumento central de la acusación, que en caso de resultar inocua confirmaría que se trata de un proceso mediático de persecución y sin verdadero fundamento legal. Lea también: 9 mafias internacionales trabajan desde Medellín

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Abelardo de la Espriella estaría persiguiendo a Quintero como parte de su campaña

Este viernes se conoció que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero denunció un plan incriminatorio que Abelardo Delaespriella fraguó desde hace varios años para vincularlo con algunos delitos y permitir que se limpiara el camino para que Federico Gutiérrez pudiera llegar más fácil a la Alcaldía de Medellín bajo la consigna de “recuperar” la ciudad tras la estruendosa derrota en las elecciones presidenciales. El plan incluyó a narcos y testaferros internacionales. Según Quintero uno de los nombres implicados en el caso es Gustavo Pérez, empresario ligado a varios negocios con DelaEspriella, y que fue judicializado por el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarra, conocida como “la monita retrechera” y quien además tiene negocios en restaurantes de lujo con Sinthya Certain, primera esposa de Alex Saab señalado de ser el testaferro del Cartel de los Soles. En la denuncia de Quintero se resalta que los hermanos Pérez (Carlos y Gustavo), quienes fueron condenados por narcotráfico en 2007 sostienen una relación comercial y de amistad con el Abelardo DelaEspriella, relación que se mantiene hasta hoy, y precisamente Gustavo Pérez habría sido usado como testigo para hacer una denuncia en la que responsabilizan a Quintero de haber recibido una coima de 8 millones de dólares por nombrar al gerente de AFINIA, una de las más grandes filiales de EPM. Llama la atención que la denuncia de Quintero coincide con las fechas de encuentros con Federico Gutiérrez, las fechas de campaña y hasta las estrategias políticas utilizadas por el candidato de la extrema derecha, coincidencias que la justicia tendrá que determinar. Lea también: ¿Antioquia y Medellín se están convirtiendo en “pequeñas dictaduras”?

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