Magistrados del CNE tuvieron lujosa celebración después de sancionar al Pacto Histórico. Hay indignación
Un fuerte escándalo sacude al Consejo Nacional Electoral (CNE) tras conocerse la realización de una lujosa fiesta con Isla privada y en un yate, celebrada justo después de anunciarse la sanción contra el Pacto Histórico por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022. El evento incluyó licor, música y celebración hasta altas horas de la noche, lo que ha despertado preocupaciones sobre la posible influencia de intereses privados y la falta de neutralidad en una decisión que, según analistas, debía mantenerse al margen de cualquier acto social o político. Las imágenes divulgadas por la Veeduría Ciudadana Nacional muestran al menos a seis magistrados y a un conjuez descendiendo de la embarcación que los condujo a Cartagena después de celebrar en una isla privada. Entre los asistentes se identifican a los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Prada, Cristian Quiroz, Alfonso Ocampo, Maritza Martínez y Altus Baquero, además del conjuez Majer Nayi Abushihab, quien ha sido una de las figuras más polémicas del caso. Abushihab, fue el abogado que en mayo de 2022 como abogado de la campaña de Federico Gutiérrez, presentó una denuncia penal ante Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, en junio del mismo año se amplió esa denuncia, nuevamente consignada ante la Corte Suprema. Abushihab, abogado de confianza de Federico Gutiérrez en diversos procesos, fue designado como conjuez apenas 15 días antes de emitir su voto en la sanción contra el Pacto Histórico. Su rápida participación contrasta con los más de dos años que el CNE tardó en avanzar hacia una decisión, circunstancia que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la transparencia del proceso. Su presencia en la fiesta ha reforzado las críticas, dado el rol determinante que tuvo su voto en el fallo. Oposición controla un tribunal que puede sancionar a su contendor La resolución del CNE impone sanciones al Pacto Histórico por presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022 y por supuestas donaciones irregulares provenientes de la Unión Patriótica, Colombia Humana y FECODE. Según la información oficial, dichas contribuciones no fueron a la campaña sino a la coalición, lo cual es una práctica regular en los paridos políticos y no implicaría irregularidad alguna. Sin embargo, la presencia de Álvaro Hernán Prada y Majer Abushijab (abogado de Gutiérrez) habría sido determinante para inclinar la balanza hacia una decisión que no se ajusta al derecho y que debería haber sido tomada por magistrados realmente independientes y no integrantes de la oposición al gobierno. Lea también: El “error” de 8.000 millones en vigencias futuras que aprobó el Concejo a Federico Gutiérrez
