Corrupción

En Medellín hay que pagar para firmar un contrato con la Alcaldía

Una denuncia en redes sociales se hizo viral este fin de semana en Medellín ya que evidencia la corrupción que nadie se atrevía a denunciar por miedo a quedarse sin trabajo y que es tristemente normal en la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Un profesor rompió el silencio y denuncio que le cobran mensualmente por un contrato. La denuncia la hace @medinathebarrio en contra de Alejandro Barrera Gómez quien actúa como coordinador del proyecto de Gestores Educativos de la comuna 7, quién también funge como contratista del ColMayor de Antioquía, quién estaría cobrando $200.000 mensuales por el contrato. “Alejandro Barrera Gómez quién es coordinador del proyecto Gestores Educativos en la comuna 7, contratado por @IUColmayor, me está cobrando $ 200.000 por hacer parte del proyecto, es decir, condicionó mi contratación a este pago mensual.” Llama la atención que estas denuncias no se ven en medios tradicionales de Antioquia y tampoco hay pronunciamientos de las “veedurías” que parecen haber perdido las baterías y el impulso para denunciar este tipo de acciones en la Alcaldía actual, tal vez porque siguen recibiendo millonarias pautas.

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Antioquía

Corrupción, fracasos y desplantes componen el verdadero balance de la mala gestión de Rendón

Los escándalos de corrupción, los fracasos y su inocua pero constante acusación al gobierno central, hacen de Andrés Julián Rendón, uno de los mas malos gestores de gobernaciones en Colombia a pesar de que los medios antioqueños lo destacan solamente por sus envalentonadas contra Petro, que en nada le han servido a los antioqueños y mucho menos al país. Empezando por los escándalos de corrupción, Rendón es uno de los mas señalados. Los fallidos CAI en Rionegro, la creación de empresas “contrataderos”, la asignación de recursos de la seguridad en las regiones para canchas y polideportivos en las principales ciudades son algunos de los hechos que lo tienen en la mira de las autoridades pero que son invisibles para los periodistas pautados por ellos. El más reciente es que la Contraloría General formuló pliego de cargos en su contra, por el escándalo de corrupción más grande de Rionegro, relacionado con la pérdida de más de 26.000 millones de pesos en la llamada “ciclo ruta de Oriente” que no está construida ni funcionando a pesar de haberse pagado casi en su totalidad. Pero eso no es todo. recientemente se conoció que la Gobernación de Antioquia estaría haciendo trámites para la compra de un software espía que pondría a disposición de la Fiscalía de ese departamento y sería usado con fines políticos. Este tipo de operaciones es ilegal ya que no se está contando con la autorización de la FGN y no hay una justificación documentada para realizar a compra. A esta cadena de hechos que le esperan a Rendón en Fiscalía y entes de control se suman sus reiterados pero ocultados fracasos. La “Vaca por las vías de Antioquia” terminó en nada. El impuesto a la seguridad que no se recogió pero que se gastó en polideportivos. El dichoso referendo para la llamada AMO, su fracaso en seguridad y la burla de su partido que no ha querido apoyar sus iniciativas como la iniciativa para la autonomía fiscal, son algunas de las muestras de una gestión muy regular, por decir lo menos. Rendón enfrentará a otro de sus grandes errores en el primer semestre del 2026. Su decisión de no apoyar la educación pública y de recortar financiación a las universidades de Antioquia le pasará factura pues los estudiantes estarían preparando uno de los Paros más importantes de la historia de Antioquia porque se agotan las oportunidades para defenderse y eso a Rendón le va a costar.

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Antioquía

Imputan cargos por robo de 26.000 millones a Andrés Julián Rendón

La Contraloría General formuló pliego de cargos en contra de Andrés Julián Rendón, por el escándalo de corrupción más grande de Rionegro, relacionado con la pérdida de más de 26.000 millones de pesos en la llamada “ciclo ruta de Oriente” que no está construida ni funcionando a pesar de haberse pagado casi en su totalidad. El ente de control encontró que a pesar de la magnitud del convenio, los trabajos contratados no habrían cumplido con el objeto previsto, lo que derivó en cuestionamientos sobre la planeación y ejecución del proyecto orientado por el actual gobernador Andrés Julián Rendón. 26.186 es la base de corrupción sobre sobre la cual se estructuraron los cargos fiscales, que no solo involucran al actual gobernador, sino también al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández, a exgerentes de Indeportes Antioquia, a siete exfuncionarios de esa entidad, a una de las empresas contratistas y a una aseguradora internacional.

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Corrupción

Concejales de Medellín aprobaron privatización y fuga de capital del Metro

Tras un solo debate y con un solo voto de oposición el dinero público de la Empresa Metro se irá para un paraíso fiscal en Islas Bermudas, poniendo en riesgo extremo el cuidado de los recursos públicos de la ciudad. La propuesta fue realizada por el Alcalde Federico Gutiérrez y aún se desconoce las razones, aunque se prevé que, fuera del control del Estado, ese dinero sea difícil de controlar. Vale recordar que el Metro de Medellín es una empresa que fue constituida con el 100% de recursos públicos y es un activo estratégico en la nación, razón por la que este tipo de movimiento representa una fuga de capital nacional como sucede con muchos capitales privados que reposan en paraísos fiscales y no aportan a las finanzas del Estado. Este nueva movida de Federico Gutiérrez es altamente destructiva del patrimonio del Estado y parece obedecer a intereses de privados que controlan la política en Medellín y Antioquia, además existe el riesgo inminente de que el dinero público pase a manos de privados, partidos políticos uy otro tipo de movimientos. Tampoco es sorpresa que los medios de comunicación y los partidos políticos del país, tan proclives a hacer control a sus adversarios políticos o al gobierno, no se hayan pronunciado frente a este hecho de extrema gravedad para el país y para Antioquia, que sigue viendo como el lema de Gutiérrez “Plata es Plata” se sigue haciendo realidad en detrimento del patrimonio de los medellinenses. Lea también: Ex directora de una veeduría afín a la derecha es ahora Secretaria de Educación de Antioquia

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Corrupción

No cuadra la versión del Concejal de Medellín Andrés Rodríguez sobre el asesinato de una persona a manos de su equipo de trabajo

El caso del Concejal de Medellín Andrés Rodríguez y el asesinato de una persona al interior de un establecimiento comercial sigue despertando suspicacias desde todos los sectores políticos y ciudadanos, debido a evidentes inconsistencias en las versiones sobre el asesinato. ¿Quién disparó? ¿El arma es legal? ¿Es un integrante de la UAN de Rodríguez o es un conductor asignado de la UNP? ¿Estaban en estado de alicoramiento? ¿Realmente fue en defensa propia si no se trataba de una agresión directa? Según la versión de Rodríguez, publicada en un video y un comunicado en sus redes sociales, la víctima fue asesinada mientras perpetraba un robo al propietario del establecimiento comercial. Asegura Rodríguez que su conductor reaccionó “en defensa propia” a pesar de que la agresión no era en contra de él o de quienes lo acompañaban, es decir, no fue en defensa propia sino de un tercero. En segundo lugar Rodríguez afirma que el conductor es militar retirado y por ello tiene un arma legal. El problema es que no hay claridad de para quién trabaja el “conductor” y si trabaja para el concejo como conductor o si se trata de la misma persona que habría sido contratada dentro de la UAN, de manera irregular por la oficina de Rodríguez. En este caso el asesinato habría sido por fuera de todo servicio y tendría que acarrear problemas legales serios. En tercer lugar no se entienden los detalles de los hechos, pues Rodríguez asegura que la víctima entró a robar al establecimiento pero que estaba acompañado de su pareja sentimental, lo que reduce las posibilidades de que se tratara de un robo, sin embargo otra versión asegura que una persona lo esperaba afuera del establecimiento en un motocicleta. Por último, el Concejal hace fuertes afirmaciones y señalamientos en contra de la víctima asegurando que fue deportado de Chile y que todos esos “delincuentes” vendrían a parar a Medellín y por eso se tienen que preparar. Una vez más, concluye Rodríguez legitimando al paramilitarismo y justificando su delito y el del integrante de su equipo de trabajo, a pesar de que el Colombia no existe la pena de muerte y la reacción que se espera de un corporado es que actúe de acuerdo a la ley y no por encima de ella. A todo ello, como lo asegura el Diputado Muñoz, hay que sumarle la actitud delincuencial que precede la fama de Rodríguez, lo cual aumenta las dudas sobre un “adecuado proceder”, mas cuando hay otras versiones que señalan que el concejal y su grupo se encontraban en estado de alicoramiento y fuera de si como es natural. Lo único cierto del caso es que hay muchísimas dudas que tendrá que aclarar la justicia y la policía. Lea también: Ex directora de una veeduría afín a la derecha es ahora Secretaria de Educación de Antioquia

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Corrupción

Hubo apropiación ilegal de baldíos que se anexaron a la hacienda “El Ubérrimo”

La Agencia Nacional de Tierras informó que el predio “El Laguito II” fue entregado a familias campesinas, pues se trataba de un lote baldío que fue anexado, ilegalmente a la famosa hacienda “El Ubérrimo” por parte de sus propietarios, es decir, el ex congresista y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe. El pleito jurídico comenzó en 2028 cuando los dueños del Ubérrimo quisieron que el Estado les entregara en propiedad el predio de 83.400 metros, alegando que desde hace muchos años lo estaban usufructuando. En ese momento un Juez de la República reconoció que el predio era baldío y le pidió a la ANT la definición para que entrase en el inventario y fuera entregado a campesinos sin tierra pero sin ningún tipo de compensación al Estado por el uso irregular de la tierra. “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos, y que hoy regresan a las manos campesinas, que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”, señaló Lilia María Rodríguez, subdirectora de acceso a tierras de la ANT. Esta semana la Agencia de Tierras le hizo entrega provisional a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, de Córdoba, quienes empezaron a aprovecharlo en el cultivo de arroz, plátano y yuca en el predio que ya les pertenece de forma legal y a través del cual podrán acceder a créditos y proyectos productivos. Lea también: No quiso financiar la universidad pública pero si está dispuesto a pagar 100 millones en una cacería de brujas

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Corrupción

Fiscal ligada ex generales y políticos podría ser acusada de ocultamiento de información y posible montaje

El presidente Gustavo Petro hizo una fuerte denuncia en torno a los posibles montajes políticos que se estarían gestando por parte de algunos militares en retiro, que fueron sacados por su gobierno en medio de múltiples cuestionamientos por violaciones a derechos humanos y corrupción. Ocultamiento de información, visitas a presos sin presencia de abogados y reuniones clandestinas son algunas de las irregularidades. Según el presidente Petro por lo menos tres ex generales habrían participado en una operación de desprestigio que vincula también a fiscales de Medellín, según el, controlados por Federico Gutiérrez, que priorizan la política por encima de la investigación de los delitos. En el caso estaría involucrada una fiscal de Medellín, encargada de la investigación por el material incautado en un operativo contra el comandante de las disidencias, conocido como “calarcá”, está fiscal ocultó la información y solamente se la entregó al periodista Ricardo Calderón de noticias caracol, para generar un escándalo que incluyó presiones a una persona detenida. El presidente denunció que un detenido, pero no en la operación contra “Calarcá” habría firmado una carta en la que pretende vincular al general Huertas y al director de la dirección nacional de inteligencia Wilmer Mejía. “El mismo periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la cárcel Sijin yendo a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso. Eso ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. Ese preso se llama Jader Montoya Yepes y le dicen “Primo Carro” La denuncia incluye visitas no autorizadas a prisiones reuniones clandestinas entre generales y un candidato presidencial y uso de información que debería estar integrada a las investigaciones pero de la que se habría perdido hasta la cadena de custodia por la actuación ilegítima de la fiscalía en Medellín.

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