La administración de Álex Char en Barranquilla ha hecho un millonario gasto en influenciadores, una estrategia de comunicación que ha costado cerca de dos mil millones de pesos y sobre las que la derecha y los medios guardan silencio.
La seguridad en Barranquilla y su área metropolitana está al borde del colapso, y las cifras no mienten. El mes de junio de 2025 está siendo uno de los más violentos pues los homicidios se han disparado en un alarmante 71% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra en el centro de un torbellino judicial sin precedentes, con el proceso por soborno a testigos y fraude procesal entrando en su recta final. Este juicio, que lo acusa de manipular la justicia para su beneficio, es solo la punta del iceberg de una vasta y compleja red de acusaciones que han marcado su carrera.
La insistencia en la inclusión y defensa de un articulado sobre el trabajo por horas (artículos 37 y 38), así como sus constantes cuestionamientos a las tácticas del Gobierno, la colocan en una posición a la derecha, defendiendo los intereses de los empresarios y en contravía de los millones de trabajadores de Colombia.
Medellín, 17 de junio de 2025. Un estruendo en la madrugada ha sacudido la aparente calma de la ciudad, desnudando una cruda realidad: la seguridad en Medellín, bajo la administración de Federico Gutiérrez, sigue siendo un desafío persistente y, en algunos frentes, en preocupante deterioro.
La reciente “Marcha del Silencio”, convocada en Colombia para clamar por la paz y el cese de la violencia, pone en entredicho la pureza de sus intenciones. El representante a la Cámara Juan Carlos Losada, quien acudió al llamado motivado por su amistad con Miguel Uribe y su compromiso con la erradicación de la violencia política, se vio forzado a abandonar la movilización ante una realidad inaceptable: la presencia de “varias personas vestidas de camuflado con banderas de Israel”. Su valiente postura desnudó la contradicción de marchar por la paz al lado de símbolos asociados, para muchos, con un conflicto que hoy desangra al mundo.
El Registrador Nacional, Hernán Penagos, ha metido al país en un nuevo embrollo al negarse a convocar de inmediato la Consulta Popular que el presidente Gustavo Petro quiere. Esta decisión de esperar el concepto de las altas cortes es un acto de desobediencia grave y hasta un posible “prevaricato”.
Carrasquilla habría ordenado la retención ilegal de Jessica Restrepo y la presionó para que dejara de liderar protestas y denuncias contra desalojos en un barrio de Medellín.
60% de las tutelas presentadas para solicitar la IVE han sido rechazadas por los jueces en primera instancia en Medellín
