La crucial fase de conciliación de la reforma laboral se ha visto empañada por una fuerte polémica, y los ojos están puestos en el senador Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical y en el propio presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador. La postura inflexible de Jiménez, bajo el paraguas de Cepeda, busca sabotear la reforma.
La designación de Carlos Abraham Jiménez como conciliador por parte del Senado no fue casualidad. Conocido por su férrea oposición a la reforma, Jiménez ha declarado sin tapujos que no aceptará “ni un solo artículo” del texto aprobado por la Cámara si este difiere del que pasó en el Senado, el cual es visto como mucho menos ambicioso para los trabajadores. Esta postura tan radical, de “o mi texto o nada”, es el perfecto ejemplo de una intransigencia que dinamita de entrada cualquier posibilidad de acuerdo real.
Detrás de esta postura, muchos señalan la sombra de Efraín Cepeda. Como presidente del Senado, Cepeda no solo designó a Jiménez (y a otro senador conservador afín a su línea), sino que también ha mantenido una posición crítica hacia la reforma, alertando sobre sus posibles “daños al empleo”. Esta alineación de intereses entre Cepeda y Jiménez genera la clara percepción de que la bancada conservadora y Cambio Radical están actuando de forma coordinada para defender una visión específica de la reforma, priorizando lo que consideran un “mal menor” incluso si eso implica la ruptura del consenso y un pulso directo con el Gobierno.
La consecuencia de esta aparente intransigencia es que la reforma laboral, una de las grandes promesas del gobierno de Petro para dignificar el trabajo en Colombia, corre un serio riesgo de quedar enredada en debates políticos o, peor aún, de no ver la luz. La actitud de figuras como Jiménez y Cepeda, que parecen más interesadas en la batalla política y en hundir la propuesta del Gobierno que en construir una ley que beneficie a los trabajadores, es una dura crítica a la forma en que se hace política en el Congreso. La “negativa” a conciliar genuinamente no solo pone en jaque la reforma, sino que desgasta la confianza ciudadana en la capacidad de nuestros legisladores para priorizar el bienestar colectivo sobre las agendas particulares.
