La incautación fue de 14 inmuebles en Buriticá que funcionaban como fachada para túneles usados para la minería ilegal del oro y que pertenecían al Clan del Golfo. Según el presidente estos túneles servían para vender cerca de tres billones de pesos en oro al año.
Las estructuras tenían como fachadas casas humildes pero por dentro escondían una infraestructura muy bien organizada para evadir los controles de las autoridades. Luego de la incautación el oro será comprado por el gobierno y se titularán los túneles a asociaciones de pequeños mineros de la zona, como lo aseguró Gustavo Petro, al mismo tiempo en que se desarrollará un plan de inversión social.
Quiero que estos 14 túneles se titulen a cooperativas de pequeños mineros de vieja tradición en Buriticá, y que la policía nacional cuide el desarrollo de la economía legal del oro en esta región de manera prioritaria.
El gobierno comprará el oro, unos pesos por debajo del precio internacional para pagar el impuesto local a los municipios auríferos como regalía.
La cooperativa pagará a sus socios de acuerdo a estatutos, ojalá cumpliendo los aportes a salud y pensiones. La Nueva EPS debe operar en Buriticá y el gobierno nacional mejorar su hospital y puestos de salud y educación en sus colegios. La universidad debe llegar a la Antioquia con vocación minera.
El Presidente también aprovechó la incautación para hacer una fuerte crítica a la AMO impulsada por Andrés Julián Rendón y cuestionó que se pretenda convertir al Oriente Antioqueño en una región para la especulación inmobiliaria, cambiando la vocación minera de los municipios de esa región.
