Desde el pasado fin de semana, comunidades enteras del municipio de Briceño y Anorí en Antioquia se han visto obligadas a abandonar sus tierras por las confrontaciones entre actores armados irregulares que han tomado el control de, prácticamente, todas las economías de la región, ante la mirada inútil de la gobernación de Antioquia que no ha hecho nada por recuperar las tierras, hacerlas productivas y facilitar el retorno de la gente.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo son más de 1,120 las familias desplazadas en los últimos tres días, pues los actores armados pertenecientes al Clan del Golfo y algunos frentes de las FARC, han obligado a los campesinos a huir hacia el casco urbano, pues está en pugna el control de las rutas del narcotráfico pero también de la minería ilegal.
Esta situación de emergencia se veía venir
Desde hace varios meses prácticamente desde el inicio del año organizaciones sociales campesinas y hasta empresas han rogado a la gobernación que actúe frente al flagelo de la minería ilegal y los cultivos de cocaína pero no han encontrado respuesta alguna, Incluso el impuesto a la seguridad que se inventó el gobernador destino más recursos a Envigado y Itagüí que a todo el bajo Cauca antioqueño.
Para los campesinos y Defensores de Derechos Humanos no se explica por qué se invierte más en grandes cascos urbanos que en las zonas que son azotadas por la violencia, en donde se podrían apoyar proyectos productivos y mayor presencia de la fuerza pública a través de la inversión que se esperaba con el impuesto a la seguridad.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que solicita la atención integral para las familias afectadas en Briceño Anorí y han rechazado la violación al derecho internacional humanitario, también aseguran que han tratado de trabajar con la gobernación y con las alcaldías municipales pero sus esfuerzos son infructuosos ante la realidad de la guerra y la poca o nula inversión social que se hace desde la gobernación.
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