Otra alarma mayúscula se ha encendido en Medellín. El reconocido investigador antioqueño Luis Fernando Quijano aseguró que “Medellín ha cedido espacio a un cogobierno urbano del crimen”. Federico Gutiérrez representa la institucionalidad que ha retrocedido ante el poder de las estructuras criminales ante los AK 47 y el Tren de Aragua que controlan el microtráfico.
Según la denuncia de Quijano, la economía ilegal en Medellín y sus alrededores mueve billones de pesos, engrosando las arcas de estos grupos. El microtráfico, por ejemplo, es una fuente de ingresos astronómica: solo en lo que va de 2025, en Medellín y su área metropolitana, se han incautado 3.420 kilogramos de estupefacientes y se han capturado 2.862 personas por tráfico de drogas, según El Tiempo.
Una sola plaza de microtráfico en el pasado podía generar ganancias superiores a los 3.600 millones de pesos anuales, como se identificó en el caso de la mítica plaza “El Faraón”. Esta riqueza ilícita se infiltra en la vida cotidiana y, en cierta medida, “soporta parte de la economía legal” de la ciudad, creando una simbiosis perversa que el alcalde Gutiérrez, con su discurso de “mano dura”, no ha desmantelado.
La preocupación se agrava con la creciente presencia de la delincuencia organizada Transnacional en la capital antioqueña. Investigaciones de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) alertan sobre el intento de control que grupos como el Tren de Aragua y los AK47, su operación se concentra en áreas como Veracruz, San Benito, El Raudal, Parque de Berrío, Parque de Bolívar, Nutibara y Prado Centro, dominando inquilinatos y “pagadiarios”.
“Según reportes, el jefe urbano del Tren de Aragua en el centro de Medellín sería un sujeto conocido como alias “Juan Rancho”. Asimismo, se ha identificado una fuerte alianza con la banda Los Chamos de la comuna 13 (San Javier), lo que les ha permitido fortalecer sus capacidades militares, logísticas y tecnológicas” plantea el investigador.
Estos grupos no solo controlan plazas de vicio, sino que también administran hoteles fachada para la venta y consumo de drogas, prostitución y explotación sexual. Además, ofrecen servicios ilegales de alquiler de armas y sicariato, incluso más allá de Medellín. Se ha detectado que están introduciendo armas de fuego desde Venezuela, eludiendo el mercado negro local, y emplean “campaneros” que vigilan los movimientos policiales y de otras organizaciones, lo que demuestra una sofisticación criminal que exige una respuesta urgente y contundente de la administración de Federico Gutiérrez.
Para Quijano, la estrategia de seguridad actual de Medellín es “coja” si no incorpora un componente de paz más ambicioso y si no se establecen conversaciones directas con los actores armados para frenar las guerras urbanas. Su análisis invita a una profunda reflexión sobre cómo estas organizaciones criminales consolidan su poder y control, impactando directamente la vida cotidiana y la seguridad de los medellinenses.
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