Un anciano vendedor ambulante del centro de la capital denunció públicamente al alcalde Carlos Fernando Galán durante la firma de la Reforma Laboral en la Quinta de Bolívar, por parte del presidente Gustavo Petro. El hombre afirmó que la administración distrital está vulnerando su derecho al trabajo al usar la fuerza policial para retirarlos de sus habituales puntos de venta.
Para muchos de estos vendedores, la calle es el único camino para sobrevivir, sin acceso a pensiones ni a oportunidades laborales formales. Sin embargo, la gestión de Galán, ha recurrido a intervenciones y desalojos que dejan a estas personas sin su pan diario.
En marzo de este año, decenas de vendedores informales protestaron y bloquearon el centro de Bogotá contra el nuevo Decreto 315 del IPES, que regula el uso del espacio público y, según ellos, los “viola” y los obliga a entregar sus puestos voluntariamente en un año en el plazo de un año.
Recientemente, en junio, se vivieron operativos de recuperación de espacio público en la calle 19 cerca de Paloquemao, donde vendedores informales fueron desalojados y expresaron a CityTv que estas acciones los dejan sin su sustento. Estas situaciones evidencian una falta de empatía y de planes concretos para una población que no pide la oportunidad de trabajar.
Esta doble moral genera una profunda frustración y la sensación de que la administración está desatendiendo las verdaderas urgencias. Bogotá necesita un liderazgo que no se esconda detrás de la retórica del orden, sino que demuestre una verdadera coherencia social, ofreciendo soluciones dignas a sus ciudadanos más vulnerables y no solo persiguiéndolos.
