Uribe acusa a víctimas de “alianza narcoterrorista” pero buscó paramilitares para defenderse

Luego de que se conociera que el próximo 28 de julio el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá dictará sentido del fallo en el juicio pro fraude procesal y soborno en actuación penal, el ex senador acusó a sus víctimas de estar en una alianza narcoterrorista, olvidando que sus abogados fueron quienes buscaron a delincuentes para defenderlo.

En el proceso contra Iván Cepeda por la denuncia instaurada por Uribe fueron por lo menos 7 paramilitares que el “aboganster” Diego Cadena buscó y habría sobornado para que hicieran una retractación:

  1. Juan Guillermo Monsalve
  2. “El Tuso” Sierra (Juan Carlos Sierra)
  3. Carlos Enrique Vélez (“Víctor”)
  4. Fosforito
  5. Racumín
  6. Jopra
  7. Diana

Todos ellos fueron llamados por la defensa del ex senador para intentar hacer creíble su denuncia por injuria en contra del senador Iván Cepeda y también fueron llamados para atestiguar a favor de Uribe en medio del juicio que se devolvió a Uribe con el efecto boomerang.

Aunque algunos de ellos se convirtieron en pieza clave de la acusación y luego participaron como testigos de la Fiscalía sus intervenciones o el derecho a “guardar silencio” que se abrogaron fue “importante” para defender los intereses del acusado.

Hay que resaltar también que algunos de los llamados a rendir testimonio por parte de la Fiscalía eran delincuentes que también guardaron silencio frente a las preguntas del ente acusador, como es el caso de Andrés Felipe Arias y Enrique Pardo Hashe.

Uribe intenta presionar mediáticamente a la jueza Heredia que tendrá que fallar en derecho y con base en pruebas

Por estos días se ha hecho evidente una persecución política en contra de Iván Cepeda y de los organismos de justicia, especialmente el juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la jueza Sandra Heredia.

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y varios tuiteros han intentado presentar como definitivo el alegato final de Uribe en el que apeló a su edad y rogó su absolución.

Esta estrategia de impunidad social se basa en verdades a medias y una serie de hechos que no fueron presentados en el juicio por no contar con sustento probatorio suficiente para ser presentados y por ello están dirigidos a confundir a la opinión pública, señalan fuentes cercanas al proceso.

Lo cierto es que la acusación a las víctimas de pertenecer a una alianza narcoterrorista a la que hay que “atacar con tenacidad” no es otra cosa que el desconocimiento de que su defesa se basó en la convocatoria a criminales condenados.

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