El caso del Concejal de Medellín Andrés Rodríguez y el asesinato de una persona al interior de un establecimiento comercial sigue despertando suspicacias desde todos los sectores políticos y ciudadanos, debido a evidentes inconsistencias en las versiones sobre el asesinato. ¿Quién disparó? ¿El arma es legal? ¿Es un integrante de la UAN de Rodríguez o es un conductor asignado de la UNP? ¿Estaban en estado de alicoramiento? ¿Realmente fue en defensa propia si no se trataba de una agresión directa?
Según la versión de Rodríguez, publicada en un video y un comunicado en sus redes sociales, la víctima fue asesinada mientras perpetraba un robo al propietario del establecimiento comercial. Asegura Rodríguez que su conductor reaccionó “en defensa propia” a pesar de que la agresión no era en contra de él o de quienes lo acompañaban, es decir, no fue en defensa propia sino de un tercero.
En segundo lugar Rodríguez afirma que el conductor es militar retirado y por ello tiene un arma legal. El problema es que no hay claridad de para quién trabaja el “conductor” y si trabaja para el concejo como conductor o si se trata de la misma persona que habría sido contratada dentro de la UAN, de manera irregular por la oficina de Rodríguez. En este caso el asesinato habría sido por fuera de todo servicio y tendría que acarrear problemas legales serios.
En tercer lugar no se entienden los detalles de los hechos, pues Rodríguez asegura que la víctima entró a robar al establecimiento pero que estaba acompañado de su pareja sentimental, lo que reduce las posibilidades de que se tratara de un robo, sin embargo otra versión asegura que una persona lo esperaba afuera del establecimiento en un motocicleta.
Por último, el Concejal hace fuertes afirmaciones y señalamientos en contra de la víctima asegurando que fue deportado de Chile y que todos esos “delincuentes” vendrían a parar a Medellín y por eso se tienen que preparar. Una vez más, concluye Rodríguez legitimando al paramilitarismo y justificando su delito y el del integrante de su equipo de trabajo, a pesar de que el Colombia no existe la pena de muerte y la reacción que se espera de un corporado es que actúe de acuerdo a la ley y no por encima de ella.
A todo ello, como lo asegura el Diputado Muñoz, hay que sumarle la actitud delincuencial que precede la fama de Rodríguez, lo cual aumenta las dudas sobre un “adecuado proceder”, mas cuando hay otras versiones que señalan que el concejal y su grupo se encontraban en estado de alicoramiento y fuera de si como es natural.
Lo único cierto del caso es que hay muchísimas dudas que tendrá que aclarar la justicia y la policía.
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