La Red de Veedurías Ciudadanas denunció una serie de irregularidades en la elección del nuevo contralor del departamento, al parecer, para favorecer a Andrés Julián Rendón y evitar que avancen nuevas investigaciones en su contra, y por ello la veeduría decidió interponer acciones frente a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
Según la Veeduría, un primer elemento irregular es que la Asamblea Departamental eligió a la Universidad de Cartagena para que realice el proceso de evaluación, quitando recursos a la Universidad Pública del departamento pero si facilitando la manipulación de la elección, pues denuncian cercanías extrañas entre el gobernador y el rector de la Universidad de Cartagena.
Un segundo elemento es que algunos de los candidatos se habrían reunido con el gobernador y con el Rector de la universidad de Cartagena en varias ocasiones, viciando la imparcialidad que debe tener un proceso de la envergadura e importancia para la lucha contra la corrupción en Antioquía.
“La Red de Veedurías de Colombia, en cabeza de su presidente Pablo Bustos, se permite informar de manera urgente que radicó formalmente ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación una denuncia por las presuntas irregularidades en el concurso de méritos para la elección del Contralor Departamental de Antioquia (periodo 2026-2029), convocado por la Asamblea Departamental mediante la Resolución 246 del 11 de agosto de 2025 y ejecutado por la Universidad de Cartagena.”
Al mismo tiempo, la Red hizo un llamado directo al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República para que revise con urgencia lo que está ocurriendo con estas elecciones y active los mecanismos de control preventivo frente a un proceso que amenaza la independencia de la Contraloría Departamental, aseguran en sus redes sociales.
Según la Veeduría podrían configurarse delitos previstos en el Código Penal colombiano como el interés indebido en la celebración de contratos (artículo 409), el tráfico de influencias de servidor público (artículo 411), el abuso de función pública (artículo 416), la concusión o el cohecho (artículos 404 a 407) en caso de exigencias u ofrecimientos indebidos, y el fraude procesal (artículo 453) si se llegara a probar manipulación documental o alteración de las etapas del concurso.
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