Andrés Julián Rendón asistió a la audiencia en la que la Corte Constitucional en la que se define el futuro de las Áreas de Protección para la Producción Agropecuaria, que evidentemente se contraponen al interés de Rendón de establecer en el Oriente Antioqueño el AMO, que sería para favorecer los intereses de las empresas constructoras, las cuales con la AMO tendrían vía libre para definir áreas de urbanización prácticamente descontrolada pero definida desde Rionegro.
Las apreciaciones de Rendón son engañosas, pues asegura que solamente el gobierno Petro definiría qué se siembra y en dónde se siembra, sin embargo, esto no se ajusta a la realidad pues la APPA se definió haciendo un mapeo de las actividades agropecuarias y definiendo una protección especial para esos territorios, es decir, que al contrario de lo que afirma el gobernador, lo que si hace la APPA es defender la vocación agropecuaria, al contrario del AMO.
“El 80% de los alimentos en Colombia lo producen las agriculturas campesinas. Lo que está haciendo hoy el Ministerio de Agricultura con las APPA es identificar, reconocer y caracterizar las áreas donde hoy se están produciendo esos alimentos para protegerlas” aseguró la Ministra de Agricultura
De hecho, en recientes entrevistas la directora de la UPRA, Dora Inés Rey aclaró que estas áreas para Antioquia han sido consultadas con los gobiernos locales y que se redujo la frontera agropecuaria de cerca de 260.000 hectáreas a 203.000 teniendo en cuenta los planes de desarrollo que incluyen la urbanización de territorios, afirmación que desmintió al gobernador Rendón.
“Es importante aclarar que la resolución no pretende invadir la autonomía municipal ni dictar qué se debe sembrar y qué no. Lo que busca es establecer un marco técnico y estratégico para proteger los suelos agrícolas más valiosos del país. Esto no se trata de imponer decisiones desde Bogotá, sino de trabajar en conjunto con las autoridades locales y regionales para identificar, delimitar y garantizar la sostenibilidad de estas áreas.” Rey
Muchas voces se han alzado en contra de los intereses del gobernador. Una de las denuncias se ha replicado desde el portal de opinión Oriéntese, en la que aseguran que hay unos intereses muy evidentes por parte de algunos alcaldes y constructoras representadas en políticos regionales. Según el medio de opinión, lo que hace el AMO es abrir posibilidades de construir en unos 80 Kilómetros unidades habitacionales para cerca de 2.5 millones de personas que llegarían a habitar la región.
Este plan de urbanización es contrario a un desarrollo agrícola que ha sido el que ha caracterizado a la región durante siglos. Además, esa urbanización no generaría desarrollo sino que crearía una zona de grandes construcciones para darle más fuerza económica a Rionegro, el único municipio que se convertiría en beneficiario de los negocios. Por ello las fuertes críticas que surgen desde los habitantes de los municipios afectados.
Muchos campesinos y líderes comunales de la región esperan que la Corte Constitucional respalde y defienda la vocación agrícola del departamento y de por lo menos 23 municipios que en la AMO una amenaza urbanizadora.
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