Luego de la explosión en Loreto, que fue casi de inmediato, atribuida al Frente 36 de las Disidencias, el Alcalde Federico Gutiérrez ordenó la militarización de la ciudad, como la única salida para enfrentar la violencia que, a pesar de haber estado en crecimiento durante su gobierno, apenas llegó a sus oídos el pasado miércoles mientras seguía de viaje.
La historia de la militarización como única salida para enfrentar los desafíos de seguridad en las ciudades ha sido siempre un fracaso y lo que ha pasado en Medellín no es una “recuperación” de la ciudad sino una entrega a los paramilitares como sucedió con la tristemente famosa “Operación Orión”.
Varios analistas coinciden en afirmar que la militarización no ha contribuido en la seguridad de la ciudad, porque se limita a los controles perimetrales o en las principales vías, pero no va al interior de las comunas y sus barrios que son los lugares en los que las bandas criminales ejercen control y desarrollan sus operaciones ilícitas.
Por otra parte, organizaciones de DDHH han criticado la medida dado que una militarización en las manos equivocadas, es para ellas un riesgo de que ocurran situaciones parecidas a las de la Operación Orión, que lejos de entregar el control de la comuna 13 al Estado se lo entregó a los paramilitares que en ese momento consolidaron su auge en la ciudad y en todo el Valle de Aburrá.
Por el contrario, un dispositivo militar más robusto aumenta el riesgo de que las estructuras armadas asuman controles que ahora no tiene, justo por el control y la capacidad de infiltración que han demostrado tener también en las Fuerzas Militares y de Policía en la región.
Una de esas señales es que un General retirado y cuestionado por sus presuntos vínculos con los paramilitares, esté al frente de la Secretaría de Seguridad de Antioquia.
Las organizaciones, que han pedido reserva, por lo complicado de la situación, también aseguran que es necesario que se entreguen resultados auditables y se establezcan controles a los militares para evitar situaciones como violaciones de DDHH u otros abusos por parte de la Alcaldía o la Gobernación.
Lea también: En Medellín comenzaron a destapar el escándalo del “Cartel de la SAE” que Barbosa trató de esconder
