La solicitud de Andrés Julián Rendón a la Asamblea de Antioquia, para que se le permita gastar cerca de $176.000 millones de vigencias futuras, provenientes del impuesto a la seguridad podría convertirse en detrimento patrimonial si se aprueba el gasto y se cae el impuesto en los tribunales.
El gobernados de Antioquia pretende gastarse en 2025 mas de 176.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que se recogería en 2026. Esa cifra aún no se ha recogido y es casi seguro que el impuesto se caiga por vicios de forma y de fondo.
En otras palabras sería ilegal y Rendón ya se habrá gastado la plata cuando este impuesto se caiga en los tribunales. Este nuevo hecho se sumaría a los demás procesos que enfrenta el gobernador por corrupción. Pero la gran pregunta es ¿en qué pretende gastar el dinero?
Las demandas contra el impuesto a la seguridad
Hay cinco demandas que han sido presentadas contra el impuesto. Tanto el personero de Vegachí, Luis Ángel Hincapié; José Manuel Martín, y los diputados Juan David Muñoz y Manuel García (Pacto Histórico) han interpuesto demandas que están por resolverse y que invocan problemas de ilegalidad, inconsititucionalidad e inconveniencia en el cobro.
La Asamblea de Antioquia tiene en sus manos la propuesta y en caso de ser aprobada sería ilegal y podría representar serios problemas jurídicos y fiscales tanto para la asamblea como para el departamento, pues si una de las cinco demandas prosperan el dinero recaudado tendría que ser devuelto y la plata que se gaste deberá ser reembolsada.
Además de irresponsable, esta solicitud de Rendón despierta muchas suspicacias pues en primer lugar no se ha terminado de recoger y en segundo lugar no se sabe en qué rubros se invertiría aún más cuando la seguridad en Antioquia está en crisis.
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