La cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia, conocida como El Pesebre, cobró su víctima número 19 en la que llaman la cárcel de la muerte. La desnutrición llegó a ser del 23% en 2023 y la falta de atención en salud para los internos, siguen siendo las mayores preocupaciones de familiares y defensores de DDHH. Esta crítica situación contrasta con la de líderes políticos condenados pero que gozan de casa por cárcel.
Jorge Carmona, defensor de DDHH, aseguró que hay una crisis en el sistema carcelario de Antioquia. Uno de los puntos críticos es la alimentación para las personas privadas de la libertad, a pesar de que los contratos son millonarios. La responsabilidad en la vigilancia de estos contratos de alimentación es de la USPEC, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
“El agua que consumen allá es agua con pantano” en el dispensario no hay sino unas pastillas para el dolor de cabeza y muchas están con los sellos rotos aseguró Carmona en entrevista con Antioquia Amanece. Y denunció que los entes territoriales no han cumplido la ley.
Es de recordar que la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) establece principios como la igualdad y el respeto a la dignidad humana y esto no se está presentando en las cárceles de Antioquia.
Según la página Colombia licita, la cuantía para garantizar los derechos de la población reclusa en Puerto Triunfo asciende a los $5,300,850,016 millones de pesos, pero esta cantidad no se corresponde con la deficiencia en los servicios de alimentación, aseo y condiciones de vida.
A pesar de la dureza de la crisis no se encontraron registros de algún tipo de intervención de la Gobernación de Antioquia en manos de Andrés Julián Rendón o de Federico Gutiérrez, jefes de los entes territoriales que deben garantizar el cumplimiento de la ley.
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