Estados Unidos ha enfrentado históricamente acusaciones de apoyar, y en ocasiones orquestar, golpes de Estado en diversas partes del mundo, priorizando sus intereses geopolíticos. Aunque el reconocimiento oficial de su responsabilidad ha sido escaso o ha llegado décadas después, investigaciones y desclasificaciones de documentos han expuesto un patrón de influencia encubierta a nivel internacional.
El golpe de Estado en Chile de 1973 contra el presidente Salvador Allende, documentos desclasificados revelaron la activa participación de la CIA en la desestabilización económica y política, buscando “crear un clima de golpe”.
El golpe de Estado en Irán de 1953, que derrocó a Mohammad Mossadegh. La implicación de la CIA fue un secreto a voces hasta 2013, cuando la propia agencia reconoció formalmente su papel en la operación, que instaló al Shah y marcó un quiebre en las relaciones.
El golpe en Guatemala de 1954 contra Jacobo Árbenz y el de Brasil en 1964 contra João Goulart, donde el apoyo encubierto de EE. UU. fue crucial para derrocar gobiernos que no se alineaban con sus intereses, instaló una dictadura militar y desató una guerra civil de 40 años.
El golpe de Estado en Perú de Alberto Fujimori en 1992, EE. UU. priorizó la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo sobre el mantenimiento de estándares democráticos.
En el golpe de Estado de 1976 en Argentina que dio inicio a la dictadura militar, documentos desclasificados revelaron que el Secretario de Estado Henry Kissinger había dado secretamente una “luz verde” a la junta militar para sus políticas represivas, un apoyo que no fue reconocido oficialmente por EE. UU. en su momento.
En el golpe de Estado de 1964 en Bolivia donde se derrocó al presidente Víctor Paz Estenssoro, el aumento significativo de la asistencia militar de EE. UU. a Bolivia en la década de 1950 empoderó al ejército, que luego realizó el golpe. Más recientemente, en el golpe de 2019 contra Evo Morales, el reconocimiento de un gobierno interino altamente controvertido por parte de EE. UU. fue percibido por muchos como un respaldo implícito a un cambio de poder no democrático.
En el golpe de Estado de 2009 en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, EE. UU. no reconoció el derrocamiento pero tampoco exigió firmemente su restitución, y fue el primer país en normalizar relaciones con el régimen post-golpe tras una elección controvertida.
El intento de invasión de Bahía de Cochinos en 1961, en Cuba orquestado por la CIA para derrocar a Fidel Castro, fue una operación encubierta de EE. UU. que fracasó estrepitosamente, y aunque la participación de EE. UU. fue evidente, el gobierno de John F. Kennedy inicialmente intentó negar la responsabilidad directa.
En Colombia, la influencia estadounidense se ha manifestado más bien a través de un apoyo sostenido en ayuda militar y la promoción de políticas de contrainsurgencia, principalmente en el marco del conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico. Iniciativas como el Plan Colombia (a partir del 2000) moldearon profundamente la doctrina de seguridad colombiana. Antes, en el siglo XIX, hubo intervenciones militares directas en el Istmo de Panamá (entonces parte de Colombia) en 1868 y 1873, pero estas fueron puntuales para proteger intereses propios, no para derrocar gobiernos en Bogotá.
La distinción es clave: mientras que en otros países de la región EE. UU. ha intervenido directamente para derrocar gobiernos, en Colombia su influencia ha sido más de “intervención por invitación”, a través de la cooperación en seguridad, lo que ha generado consecuencias significativas en el conflicto interno y los derechos humanos, aunque no se enmarque en un apoyo a un golpe de Estado en el sentido clásico. La historia de las relaciones bilaterales, sin embargo, sigue siendo un campo fértil para el debate sobre la verdadera extensión de la injerencia extranjera.
