La administración de Álex Char en Barranquilla ha hecho un millonario gasto en influenciadores, una estrategia de comunicación que ha costado cerca de dos mil millones de pesos y sobre las que la derecha y los medios guardan silencio.
Nombres como Juanda Caribe, Felipe Saruma, El Sebastucho, Giselle León, Iro Ramírez y El Propio Tavo, todos con millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, son parte de esta costosa estrategia. Sus contenidos suelen mostrar a Char en interacciones casuales, incluso en escenas humorísticas como la viral donde bromea con Juanda Caribe sobre tener “10 en Nequi para una botella”.
Este tipo de vídeos, más enfocados en la imagen personal y la cercanía del alcalde que en informes detallados de su gestión, levantan serias preguntas. ¿Es ético gastar fondos públicos en clips que parecen más un reality show que una comunicación institucional transparente? Además, la controversia se agrava al recordar que algunos de estos influenciadores, como Juanda Caribe y El Propio Tavo, ya han sido señalados por su participación en campañas de “guerra sucia” política, lo que sugiere que la inversión pública podría estar financiando no sólo propaganda, sino también desinformación.
En el caso de la campaña para la gobernación del Atlántico en 2023, El Propio Tavo fue identificado por hacer parodias y videos críticos contra el candidato Alfredo Varela. En estos videos, El Propio Tavo se vestía de manera similar a Varela, usaba pelucas y replicaba sus frases, pero con un tono burlesco o que buscaba generar una percepción negativa.
Por ejemplo, en una de sus parodias, hacía alusión a la gestión de grúas del tío de Varela con frases irónicas como: “Para Ponedera, yo ya hablé con Elon Musk: vamos a poner una fábrica de Tesla. Él pone los carros y yo pongo las grúas”. Este tipo de contenido, aunque presentado como humor, tiene un claro sesgo político y busca influir negativamente en la imagen de un oponente.
Una campaña de comunicación y una sofisticada herramienta para controlar la narrativa y silenciar las preguntas incómodas.Esto convierte la inversión en redes no solo en un gasto cuestionable, sino en una potencial herramienta para la desinformación y el ataque a opositores, financiados con recursos públicos.
Algunos barranquilleros y periodistas consultados por EL Aguijón aseguran que al reducir el contacto con la prensa y favorecer contenidos controlados y pagados, se limita la capacidad del periodismo para fiscalizar el poder, demostrando un temor al escrutinio, temor a responder preguntas difíciles huyendo a la crítica y apelando a la emocionalidad típica del caribe colombiano.