La insistencia en la inclusión y defensa de un articulado sobre el trabajo por horas (artículos 37 y 38), así como sus constantes cuestionamientos a las tácticas del Gobierno, la colocan en una posición a la derecha, defendiendo los intereses de los empresarios y en contravía de los millones de trabajadores de Colombia.
Para muchos, esta postura de Lozano y otros senadores de su línea, que abogaban por una flexibilización en el abordaje del trabajo por horas bajo el argumento de la formalidad para microempresas, es un guiño a intereses empresariales y una traición a los principios de la justicia laboral. Además se le vió “tirando línea” al Centro Democrático, en momentos álgidos de la discusión.
La reforma, para el Gobierno, busca dignificar el trabajo y reducir la precarización, y cualquier intento de mantener figuras que puedan interpretarse como facilitadoras de la explotación es visto como un sabotaje.
Las críticas a Lozano también se centran en su papel como voz de la oposición al Gobierno. Sus constantes acusaciones de que el Ejecutivo “dilata” el debate y que la consulta popular sobre la reforma es una “estrategia electoral” del Pacto Histórico, son vistas como una táctica para deslegitimar el proceso y la voluntad del Gobierno de avanzar en la dignificación del empleo.
