La gestión de la seguridad en Antioquia por parte del gobernador Andrés Julián Rendón está siendo objeto de duras críticas, la principal controversia se centra en la propuesta e implementación de la “Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, un nuevo impuesto diseñado para financiar las estrategias de seguridad en el departamento.
Si bien la necesidad de reforzar la seguridad es innegable, la forma en que se busca recaudar estos fondos ha desatado una ola de inconformidad que pone a Rendón en el ojo del huracán.
Gremios económicos de peso, como Fenalco y la Andi Antioquia, han levantado su voz de alarma. Para ellos, esta tasa no es solo una carga adicional, sino un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos y las empresas, amenazando la ya delicada competitividad de la región. Esto genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza, donde la imposición prima sobre el diálogo y el consenso, dejando a muchos preguntándose si la solución a la inseguridad no terminará por asfixiar la economía local.
La polémica se intensifica al considerar la propuesta inicial de cobrar esta tasa a través de la factura de energía eléctrica. Esta medida, particularmente dirigida a estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial, ha generado un pulso político con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Alcaldía de la capital, quienes se han negado rotundamente a realizar el cobro. Incluso el presidente Gustavo Petro ha calificado la medida como “regresiva”, señalando que afectaría desproporcionadamente a los trabajadores y sectores más vulnerables. La insistencia de Rendón en buscar mecanismos para cobrar, incluso sin el apoyo de EPM, subraya una visión que prioriza la recaudación sobre la búsqueda de soluciones consensuadas y menos gravosas para la población
En este escenario, la estrategia de seguridad del gobernador Rendón, centrada en una nueva carga tributaria, parece sacrificar el bienestar económico de los antioqueños en aras de una “seguridad” cuya eficacia aún está por verse. La preocupación no es solo por el impacto inmediato en el poder adquisitivo de los ciudadanos y la viabilidad de las empresas, sino por el precedente que sienta una medida impuesta con escasa concertación. La seguridad es un derecho fundamental, pero su financiamiento no debería convertirse en un mecanismo para golpear el bolsillo de quienes ya luchan por mantenerse a flote, especialmente si las alternativas no fueron debidamente exploradas o discutidas.
