Según la denuncia, Carrasquilla habría ordenado la retención ilegal de la lideresa Jessica Restrepo y la habría presionado para que dejara de liderar protestas y denuncias contra desalojos en un barrio de Medellín.
Este episodio pone de relieve la delicada situación que viven las comunidades más vulnerables de Medellín, donde, según señalan líderes sociales, se enfrentan a constantes amenazas de desalojo y a la criminalización de la protesta social.
Varios congresistas han denunciado que Carrasquilla habría sido responsable de desalojar de manera forzada a más de 160 familias en Medellín, afectando a poblaciones vulnerables que hoy en día viven un drama humanitario por la pérdida de sus hogares. Estas acusaciones se suman a las que ya existían contra Carrasquilla por la utilización de testigos falsos cuando se desempeñaba como fiscal especializada.
